La discriminación desde el Estado y la objeción de conciencia

Esta noche en el programa de Jorge Lanata el encargado del Registro Civil de Concordia, Entre Ríos, manifestó que se abstendrá de oficiar en matrimonios homosexuales argumentando objeción de conciencia. En su defensa destacó que esto no traerá mayores dificultades, ya que en su ausencia el suplente a su cargo estará en condiciones de llevar a cabo el trámite pertinente.
Un empleado público es esclavo de la ley y mientras la misma no determine un daño en particular para alguna persona, su trabajo y obligación es cumplirla al pie de la letra. Muchos de los que defendemos un ideario político tendríamos graves problemas ideológicos al ser agentes cumplidores de la ley, por lo que nos queda el ámbito privado para desarrollarnos (si no queremos problemas de conciencia) o el acceso a un cargo legislativo para cambiar desde adentro las leyes que no compartimos. El caso del funcionario que se niega a cumplir con la nueva ley del matrimonio para todos es sin dudas un ejemplo del único caso de discriminación posible: la discriminación desde el Estado.
Por más que se puedan implementar medidas contra un propietario de un boliche que no deja entrar a alguien por su vestimenta o por una característica física, la verdad que es imposible legislar en contra del prejuicio. Es más, hay hasta respaldo Constitucional para una persona que decida no alquilarle su salón de fiestas a una pareja gay que quiera festejar su casamiento. Por más repugnante que suene la idea de una actitud semejante, lo cierto es que a ese hipotético personaje lo respaldarían los artículos más importantes de nuestra Carta Magna y una sociedad libre así lo debe permitir.
Ahora, que un funcionario público que manifieste su preferencia por un tipo de unión al punto de negarse a realizar las otras, no sólo despierta en la mayoría de la sociedad este sentimiento antipático, sino que además desde su puesto no tiene el derecho de hacerlo. Esta persona percibe un salario proveniente de los impuestos de la sociedad toda, inclusive de las personas a las que se niega a celebrarles el matrimonio. Esta es la diferencia entre la verdadera y tangible discriminación, la del Estado, la que podemos prohibir, legislar, perseguir y terminar, con respecto a la que sólo puede indignarnos en lo personal, la privada.
Si en lugar de modificar el Código Civil se hubiera apartado al Estado del casamiento, el mismo se celebraría en forma privada, por agentes y contratos privados, donde sí, cada uno podría decidir a quienes une y a quienes no, de la misma manera que una persona puede decidir a quien le alquila un departamento, con quien cierra tratos comerciales, con quien se pone en pareja y con quienes arma su grupo social. Si bien esta ley trajo algo más de justicia y de igualdad de oportunidades, hubiera sido un paso superador la privatización del matrimonio. Mientras esa idea no forme parte de la agenda política, los funcionarios (empleados) públicos que se nieguen a cumplir la nueva ley no deberían permanecer en su puesto en representación del Estado Nacional financiado por todos nosotros.

Somos los piratas

Cada vez entiendo menos a Juan José Campanella. Siempre me pregunté si la defensa de este –a mi entender- gran director a causas como la ley de medios k, donde se obliga a respetar un porcentaje de contenido nacional por obligación a los medios, es honesta o corporativa. Este comportamiento por parte de un hombre elegido por el público libre a la hora de ir al cine es, como mínimo, para llevarlo a terapia.
El otro día Campanela salió junto al notero de CQC por la calle Corrientes a rastrear copias piratas de su película “El secreto de sus ojos” con la cantinela de como este fenómeno “ilegal” que nos provee de cine a bajo costo amenaza de muerte a la industria. Nuevamente la indignación me gana de mano y vuelvo a mi blog a hacer catarsis.
Para entender el fenómeno de la piratería hay que ir al momento 0 cuando compramos un libro, un cd o una película. Si lo compro, es mío. O sea, lo puedo ver, regalar, copiar, romper, tirar o lo que tenga ganas. Que el producto venga con una cláusula de “no” algo es absolutamente contradictorio a la propiedad privada del mismo. O es mío o no. Y si es mío, le puedo hacer lo que quiera. Inclusive usufructuarlo de la manera que lo crea conveniente. Si alguien se aboga el derecho de explotación, quiere decir que esta explotando el bien a un precio por encima del que mucha gente lo quisiera o podría pagar.
Si bien hay miles de casos alrededor del mundo de bandas que se hicieron famosas gracias a la difusión de copias piratas, como por ej, Roxette en los 80s cuando un grupo de egresados suecos en su viaje a Estados Unidos difundieron entre djs un cassette pirata, no hay pruebas de ningún artista perjudicado por este fenómeno. Los perdedores de esta innovación tecnológica son las disqueras que intentan mantener en vano sus beneficios monopólicos que terminaron en la época del vinilo por la dificultad de copia. Desde la aparición de Internet muchos nuevos artistas pudieron difundir gratuitamente su música consiguiendo así una gran vidriera. Mientras que el costo de conseguir una canción sea lo más cercano a 0, los músicos van a tener más acceso a nuevas audiencias que le permitirán incrementar sus giras y ganar más dinero tocando. Las disqueras usureras son hoy en día nada más que una necesidad para los nuevos artistas que necesitan del monstruo inversor para conseguir difusión a gran escala. Un ejemplo de “capitalismo inteligente” fue el de Los Redondos que aprovechando su popularidad hacían sus propios discos sin compartir ganancias con nadie.
Volviendo a Campanella, el otro día decía que cada copia comprada o bajada es una pérdida para la industria, lo que deja en evidencia que no tiene la más pálida idea de la teoría marginal del valor. Si en un pueblo, el diariero vende 100 copias de El secreto de sus ojos “truchas” a 10 pesos, mientras que vende 40 a los que la prefieren original pagando 4 veces más, el número de ventas si no existiera la piratería no sería de 140 originales. Como mínimo se hubieran vendido las 40, pero sólo un porcentaje de las otras 100 hubieran sido compradas ya que ese grupo está dividido entre gente que hubiera pagado 40, pero al tenerla copiada elige la de 10 (las personas que sí la hubieran comprado original) y todo el resto que consideraba que para tener la peli vale la pena pagar 30, 20, 15, 12 o 10, pero no 40. Más allá de la inmoralidad de querer prohibir una copia, la utilidad de la película con posibilidad de pirateo es mucho más alta. A pesar de estar dando vuelta en la calle a 10 pesos y pudiéndola bajar gratis MILLONES de personas pagaron la entrada al cine para a ir verla. Parece que la fortuna, el éxito y un Oscar no alcanzan para hacer abrir los ojos a un argentino más que no comprende los beneficios de la libertad.