La presidenta anunció que el gobierno nos va a seguir robando

Luego de varios procesos inflacionarios Argentina todavía no comprende las causas de la inflación y el pueblo nuevamente es víctima del saqueo del gobierno mediante el uso del Banco Central

Una persona tiene que trabajar para hacerse de sus recursos. Puede salir al mercado a ofrecer algo a cambio de su tiempo y trabajo y de esta manera adquirir sus ingresos. También tiene la posibilidad de pedir prestado o vender objetos de valor de su propiedad, como las famosas “joyas de la abuela”, como algunos denominan las privatizaciones que encaran los Estados (no porque las empresas entregadas sean valiosas como una piedra preciosa, sino porque un privado advierte una posible mejor explotación de las mismas a futuro). Los gobiernos tienen ciertos privilegios a la hora de conseguir liquidez, pero al igual que el resto de la gente, no puede “inventar” plata. O sea, de algún lado tiene que salir. Como nosotros puede pedir prestado, pero el gasto lo afrontará la población y lo tendrá que recolectar una futura gestión. También puede vender activos, cobrar impuestos…y lamentablemente robar.

Si, robar. Pero lo más grave de esta situación es que las víctimas no perciben el robo, y si bien eventualmente se quejan, no perciben el manotazo a su propiedad ni comprenden lo que pasó, por lo tanto, no buscan la solución en la oposición al ladrón de turno. Estamos hablando de la tristemente célebre inflación.

Mientras que Cristina Fernández sale a decir que piensa utilizar en BCRA como fuente de financiamiento del Estado, los medios de comunicación cubren la noticia sin relacionarla con uno de los temas que más preocupa a la opinión pública: el aumento de los precios. En esta oportunidad los adulones de turno aplaudían el anuncio del pago de la deuda con reservas y la impresión de $20 mil millones antes de fin de año.

Tanto el desprendimiento de reservas como la emisión monetaria por encima de los requerimientos del mercado tienen un correlato en el valor del peso, por lo tanto en la cantidad de bienes y servicios que se compran con cada unidad monetaria. Por el tiempo que la creencia popular siga pensando que el problema del aumento de precios está en la mercancía valuada y no en el billete que la compra, la tesis de la especulación seguirá proponiendo el control de precios con los únicos resultados que trajo en la historia: el fracaso de la medida, persecución a los comerciantes, la escasez de productos y la merma en su calidad y/o tamaño.

Mientras el gobierno dilapide las reservas internacionales que dan respaldo al alicaído peso nacional abre el juego a posibles corridas cambiarias, donde la gente sospechando la pérdida de valor de su moneda, corre a atesorar en dólares pagándolos cada vez más. Mientras que el gobierno emita billetes para financiar el gasto público, cada billete impreso restará valor a cada peso en poder de la gente. A pesar de que la presidenta reclame una “nueva teoría financiera” nada de lo que pueda hacer va evitar que el peso escape a las leyes de la oferta y la demanda. Mientras el Banco Central aumente la emisión, el incremento de billetes (como cualquier otro bien) le quitará valor a los mismos. Por más que lo niegue la presidenta, el BCRA, como cualquier ofertante monopólico, puede determinar precio o cantidad, pero no las dos cosas al mismo tiempo ya que la manipulación de una variable determina la otra.

Lamentablemente pareciera ser que el argentino promedio se da cuenta que le roban sólo si de su billetera si le sacan 50 de los 100 pesos que tiene, pero parece que no se da cuenta cuando el billete sigue estando ahí, pero compra la mitad de cosas que antes.

La discriminación desde el Estado y la objeción de conciencia

Esta noche en el programa de Jorge Lanata el encargado del Registro Civil de Concordia, Entre Ríos, manifestó que se abstendrá de oficiar en matrimonios homosexuales argumentando objeción de conciencia. En su defensa destacó que esto no traerá mayores dificultades, ya que en su ausencia el suplente a su cargo estará en condiciones de llevar a cabo el trámite pertinente.
Un empleado público es esclavo de la ley y mientras la misma no determine un daño en particular para alguna persona, su trabajo y obligación es cumplirla al pie de la letra. Muchos de los que defendemos un ideario político tendríamos graves problemas ideológicos al ser agentes cumplidores de la ley, por lo que nos queda el ámbito privado para desarrollarnos (si no queremos problemas de conciencia) o el acceso a un cargo legislativo para cambiar desde adentro las leyes que no compartimos. El caso del funcionario que se niega a cumplir con la nueva ley del matrimonio para todos es sin dudas un ejemplo del único caso de discriminación posible: la discriminación desde el Estado.
Por más que se puedan implementar medidas contra un propietario de un boliche que no deja entrar a alguien por su vestimenta o por una característica física, la verdad que es imposible legislar en contra del prejuicio. Es más, hay hasta respaldo Constitucional para una persona que decida no alquilarle su salón de fiestas a una pareja gay que quiera festejar su casamiento. Por más repugnante que suene la idea de una actitud semejante, lo cierto es que a ese hipotético personaje lo respaldarían los artículos más importantes de nuestra Carta Magna y una sociedad libre así lo debe permitir.
Ahora, que un funcionario público que manifieste su preferencia por un tipo de unión al punto de negarse a realizar las otras, no sólo despierta en la mayoría de la sociedad este sentimiento antipático, sino que además desde su puesto no tiene el derecho de hacerlo. Esta persona percibe un salario proveniente de los impuestos de la sociedad toda, inclusive de las personas a las que se niega a celebrarles el matrimonio. Esta es la diferencia entre la verdadera y tangible discriminación, la del Estado, la que podemos prohibir, legislar, perseguir y terminar, con respecto a la que sólo puede indignarnos en lo personal, la privada.
Si en lugar de modificar el Código Civil se hubiera apartado al Estado del casamiento, el mismo se celebraría en forma privada, por agentes y contratos privados, donde sí, cada uno podría decidir a quienes une y a quienes no, de la misma manera que una persona puede decidir a quien le alquila un departamento, con quien cierra tratos comerciales, con quien se pone en pareja y con quienes arma su grupo social. Si bien esta ley trajo algo más de justicia y de igualdad de oportunidades, hubiera sido un paso superador la privatización del matrimonio. Mientras esa idea no forme parte de la agenda política, los funcionarios (empleados) públicos que se nieguen a cumplir la nueva ley no deberían permanecer en su puesto en representación del Estado Nacional financiado por todos nosotros.