Situación en Honduras

Antes de analizar la situación política actual hondureña hay que reconocerle un mérito a la izquierda hipócrita latinoamericana: lograron que todo el periodismo bobo y mal formado catalogue de “golpe” la revocación de un mandato presidencial. Por más que a muchos les pese, en un contrato libre el pacto queda anulado cuando una parte ignora los valores fundamentales que dieron origen al mismo. Un empleador puede despedir a un empleado si este no cumple con su labor, una escuela puede excluir a un alumno si este es conflictivo y afecta al resto y las instituciones de un país pueden dar por concluido un mandato presidencial si el designado en el cargo viola la Constitución.
A partir del momento en que Mel Zelaya se abraza a Hugo Chávez y propone que la ciudadanía se expida sobre una continuidad de su mandato, el presidente depuesto violó el contrato que le confería la presidencia de su país. Si de buena fe creía que esa modificación iba a ser beneficiosa tendría que haber renunciado a su partido –que no lo apoyó en su proyecto-, formar otro y desde ahí proponer la reforma constitucional para que los nuevos representantes cumplan con su mandato. Claro que este largo proceso en el caso de ser realizado no contaría con su persona para la perpetuidad dado que tomaría un tiempo considerable, pero es evidente que tanto Zelaya como Chávez no creen en ningún proceso institucional, sino en su propio proyecto político personal.
Otra estupidez que se leyó en varios medios de comunicación es que se trató de un golpe militar. El ejército y la policía no hicieron otra cosa que acatar las órdenes del Congreso y la justicia, pilares para la revocación del mandato de Zelaya. Un golpe militar tiene lugar cuando el ejército, en nombre de sus líderes iluminados, toma el Ejecutivo y elimina o interviene los otros dos poderes. La situación aquí fue absolutamente distinta.
Ahora, si Zelaya ignoró su mandato, intentó violar las instituciones y mereció su expulsión del Poder Ejecutivo ¿Por qué el gobierno de Micheletti quedó absolutamente deslegitimado a partir del primer día? Porque desde la acción del arresto, hasta la represión de los manifestantes se manejó de manera improvisada y soberbia. La primera medida del nuevo gobierno fue la restricción de los derechos ciudadanos. Si las instituciones siguieron funcionando y no había un verdadero riesgo civil, no existían motivos para este ataque a la libertad de la gente. Desde el estado se aclaró que intentaban “controlar a los manifestantes”. ¿Controlarlos por qué? ¿Por miedo de que el mundo vea que hay gente que estaba apoyando a Zelaya? ¿Tienen derecho a impedir manifestaciones? No. Tienen la obligación de proteger a la propiedad y libertad de la ciudadanía de cualquier amenaza, venga de un grupo de manifestantes o de extraterrestres, pero por eso no se puede, a priori, censurar una marcha de ningún tipo, aunque ésta reclame por una acción inconstitucional.
Las muertes y la represión: A pesar de que los “fans” del modelo socialista que el mamarracho de Zelaya impulsaba lleven a las víctimas de la represión como bandera en defensa del modelo depuesto y los partidarios de Micheletti justifiquen el accionar del ejército, sin dudas las muertes producidas en situaciones como el enfrentamiento en las afueras del aeropuerto de Toncontín se hubieran evitado si el nuevo gobierno actuaba dentro del marco adecuado. Si Zelaya hubiera sido removido de su cargo, como debía ser, y quedaba a disposición de la justicia, como debe ser, no hubiera tenido lugar el despropósito de deportación en pijama que luego desencadenó en los enfrentamientos sangrientos ocurridos en los intentos irresponsables y lógicos de regresar al país del ex presidente.
Es importante que tanto Honduras como el mundo aprendan de esta experiencia para reafirmar los valores democráticos, las instituciones, las limitaciones y la responsabilidad de los postulantes a los cargos electivos y representativos.